Las UBJJ: el riesgo de la reproducción de las desigualdades

Recientemente el presidente AMLO hizo una declaración que no pasa desapercibida; señaló que quienes egresen de las Universidades del Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJ) durante su sexenio tendrán una plaza en el gobierno. Además, anunció la creación de 55 nuevos planteles. Veamos las implicaciones de la narrativa presidencial.

Un cambio importante y necesario en este sexenio fue la creación de la Ley General de Educación Superior que materializó dos preceptos: la obligatoriedad y la gratuidad. Como una forma de instrumentar estos principios se pretende que, al finalizar el mandato presidencial, se hayan construido 200 universidades. Según el portal, actualmente se encuentran registradas 122 sedes en la Dirección General de Profesiones; el 47 por ciento de estas se ubica en las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Desde hace dos décadas, la creación de nuevas instituciones ha representado una ruta gubernamental para enfrentar las desigualdades territoriales, sociales y económicas en la educación superior. En 2004 fue creada la primera Universidad Intercultural (UI). Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, en la actualidad existen 10 UI a las que asisten 16,306 estudiantes. En éstas, el subsidio ordinario por alumno (federal y estatal) en 2022 osciló entre los $15,884 y los $97,060 pesos; en promedio es de $42,977. En instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla alcanzó $69,302 pesos, mientras que, en la UNAM, en 2021, fue de $77,357 pesos. En el caso de las Universidades para el Bienestar, si se toma como referencia el presupuesto destinado en el ejercicio fiscal 2022 y se considera una matrícula de 64,000 estudiantes, según datos del gobierno, se observa que el gasto por estudiante es apenas de $16,007 pesos. Obsérvese la brecha en el financiamiento.

¿Qué aprendimos en veinte años de políticas educativas? Se puede decir que la creación de nuevas instituciones universitarias ha contribuido parcialmente a solucionar los problemas en el acceso a la educación superior, sin embargo, no atiende elementos de carácter central como es el derecho a una educación de calidad, o de excelencia (para no herir susceptibilidades), mismo que está consagrado en el Artículo 3 constitucional y que se repite constantemente en el discurso de la clase política y gubernamental. Según la ANUIES, mientras que el 100 por ciento de las universidades públicas estatales y federales contaban con programas de calidad en 2019, en el caso de las Universidades Interculturales, apenas el 30 por ciento lo hizo.

Las UBJJ parecieran sumarse a este circuito sin salida. A la fecha no es claro el mecanismo institucional bajo el cual se asegura la adquisición de aprendizajes y competencias mínimas esperadas. A ello se suma la precariedad laboral documentada de la comunidad docente en estas instituciones. Pese a ello, el gobierno que encabeza AMLO insiste en crear más universidades con el mismo modelo. Valdría la pena detenerse en el camino y hacer una valoración sobre el alcance y logros de esta política. De no hacerlo, se corre el riesgo de estar frente a una intervención que más que contrarrestar las desigualdades educativas contribuya a su reproducción.

Ana Beatriz Pérez Díaz

Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y candidata a doctora por la FLACSO-México.

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