La educación no es solo uno de los derechos humanos más importantes, también es uno de los imperativos éticos fundamentales entre las generaciones de nuestro tiempo. Se trata, como pasa con la salud, de un asunto que tiene dos dimensiones: la individual y la colectiva. Por ello puede asegurarse que una política pública exitosa cambia radicalmente el destino de una persona, y también el de una sociedad, además de hacerlo en unos cuantos lustros. Se trata de un elemento que combate la desigualdad, promueve la inclusión, genera oportunidades y favorece el desarrollo pleno de las capacidades del individuo. Con educación se forma ciudadanía y se fortalece la democracia, hay mejores ingresos, crecimiento económico, movilidad social y aumento de la productividad. Educación significa humanismo, progreso, cultura, valores cívicos, libertad y creatividad. Por eso resulta posible sostener que, si bien “la educación no resuelve todos los problemas, sin ella no se soluciona ninguno de los fundamentales”.
Es verdad que es mucho lo que se ha avanzado en nuestro país en la materia, pero también que falta mucho por hacer como se demuestra al compararnos con países de desarrollo semejante al nuestro. Este es el caso de nuestra inversión pública como porcentaje del PIB que, de acuerdo con datos de la CEPAL, es inferior al de catorce naciones de nuestra región, entre ellas Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, al igual que Costa Rica, Honduras, Jamaica, Puerto Rico y Surinam. No hay duda de que se requiere de un esfuerzo mayor en este sentido.
La educación superior representa la parte más alta de la escala educacional. La mejoría en cobertura es notable si comparamos el aumento de las últimas siete décadas. En 1950 cerca de 30 mil alumnos cursaban sus estudios en este nivel, en tanto que ahora lo hacen cerca de cinco millones, un incremento de 167 veces. Sin embargo, el rezago se muestra cuando decimos que solo 43 de cada cien jóvenes en edad de hacerlo lo consigue y más cuando reconocemos que nos ubicamos once puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina, además de situarnos detrás de Cuba, Ecuador o Panamá y todavía más rezagados respecto de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú o Uruguay.
En educación terciaria o universitaria, el financiamiento y la cobertura son claramente insuficientes, pero no son los únicos desafíos que enfrentamos. También deben reconocerse, entre otras, la calidad heterogénea; las enormes diferencias entre las entidades federativas o entre grupos sociales y económicos; el déficit en la atención de la población indígena; el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan; la rigidez de nuestros planes y programas de estudio; los problemas relacionados con la acreditación y la certificación; la falta de programas sistematizados de educación continua; la pertinencia de la formación universitaria en algunos casos; las insuficiencias en el acceso a las herramientas tecnológicas disponibles; o las frecuentes amenazas a la autonomía universitaria de las instituciones públicas, incluso desde las más altas autoridades del país.
A manera de síntesis se tendría que decir que al país le urge una reforma integral de la educación que incluya la erradicación del analfabetismo; el combate a fondo del rezago escolar; la mejora de la infraestructura en las escuelas públicas; el diseño de los planes y programas de estudio incluida la posibilidad de contar con salidas laterales y opciones técnicas en secundaria y bachillerato, con contenidos de educación para la vida, formación ciudadana y valores laicos; los sistemas de evaluación del aprendizaje, la acreditación y certificación; la capacitación para el trabajo y la educación continua; la formación de profesores y la evaluación del trabajo docente; la disponibilidad de herramientas que refuerzan el acceso a la información y la comunicación; y por supuesto la educación superior incluidas la ciencia, la cultura y la innovación. En este asunto se esconden algunos de los verdaderos enemigos de nuestra sociedad: la ignorancia, la violencia, la enfermedad y el déficit de ciudadanía. Este es uno de los grandes retos del país y uno de los desafíos que reclaman con urgencia de una hazaña nacional.