Buscan regular el trabajo en apps en favor de los trabajadores

Es necesario diseñar un nuevo modelo regulatorio que esté a la altura de los retos del futuro del trabajo a nivel global y puntualmente en México, a fin de que considere las relaciones de trabajo surgidas de las plataformas de tecnología digital a favor de la flexibilidad y acceso a la protección social; coincidieron participantes durante el segundo foro Ciudades en Movimiento, convocado por Uber.

 Nuestro país será uno de los países que regulará el trabajo en las plataformas digitales, el pasado mes de marzo, la diputada morenista Lidia Pérez Bárcenas presentó una iniciativa para adicionar a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento de los trabajadores, con la finalidad de dotarlos de derechos laborales y de seguridad social mínimos.

 “Se tiene que ver cómo mejorar estas situaciones para que los compañeros que estamos viviendo en una precariedad, por llamarlo de alguna manera, puedan tener derechos”, dijo Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni Un Repartidor Menos.

 Actualmente, en México existen 500 mil personas que laboran para plataformas digitales, muchos de ellos se han manifestado a favor de una legislación en la que se mantengan una actividad de trabajador independiente con los beneficios de la seguridad social.

 “Se debe mantener el principio de flexibilidad, queremos establecer la justicia social para los que trabajamos en plataformas digitales, somos un sector precarizado que paga impuestos cada semana mediante las aplicaciones el SAT nos retiene, a pesar de eso no somos formales”, señaló Saúl, durante su participación en el panel Plataformas digitales y el futuro del trabajo: construyendo una solución para México.

 

Uber busca una regulación innovadora que impulse el impacto de la tecnología

 Por su parte, Nicolas Sánchez, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber México, expresó que Uber quiere ser parte de discusión para plantear su visión que les ha dejado la experiencia internacional sobre las decisiones regulatorias en otros países.

 “Creemos que es posible y más aún, queremos que las personas que generan ingresos usando nuestra tecnología merecen las mejores condiciones, merecen tener los mayores estándares de protección y por eso queremos jugar un rol activo en estas discusiones que se están dando en todo el mundo y que hoy se comienzan a dar en México”, comentó.

 Asimismo, destacó que el principal desafío en esta regulación es romper los paradigmas y buscar soluciones innovadoras, creativas, que busquen establecer mejores condiciones, marcos jurídicos que impulsen aún más el impacto de la tecnología.

 “Pensar y co-crear entre los distintos actores, gobiernos, las personas y los que van a hacer los potenciales regulados, la industria, academia, todos con un ánimo proactivo, con un ánimo de tratar de obtener lo mejor de una regulación que finalmente lo que hace es impactar en la calidad de vida de los millones de mexicanos”, manifestó

 Asimismo, destacó que al ser una compañía de tecnología que provee datos, los cuales son información valiosa a la hora de tomar decisiones, por lo que aseguró que la plataforma de Uber puede impulsar el dinamismo del país, generando un efecto positivo para todos los habitantes.

 

Llaman construir legislación laboral a partir de experiencias internacionales

Por otro lado, Luis Díaz Mirón, abogado y ex rector de la Escuela Libre de Derecho, planteó retomar las experiencias que se han tenido otros países para diseñar una legislación novedosa, flexible que ofrezca seguridad jurídica transversal.

 Señaló que es importante tener una legislación laboral que proporcione seguridad social, fiscal, ambiental y de transporte y que sea de un caminar fuerte en un proceso donde la tecnología llegó para quedarse.

 “Haría un llamado a los legisladores a escuchar opiniones y recomiendo que recojan el modelo y sean flexibles, si queremos seguridad y si queremos trabajo, pero no necesariamente caer en un cinturón de fuerza donde nos vayamos arrepentir”, exhortó.

 Finalmente, instó a los legisladores que no se dejen embaucar con sistemas cerrados, sino que piensen en una legislación a largo plazo que prometa un marco de protección, seguridad, reconocimiento y de derechos.