Las víctimas y su derecho olvidado

El marco normativo en México ha evolucionado para proteger los derechos de las víctimas, atendiendo tanto el aspecto legal como el humano, catalogando a la victimología como una disciplina autónoma del Derecho Penal, centrada en la protección y reparación del daño sufrido por la víctima. Aquí destacan los principios de justicia transicional, tales como: la verdad, justicia, reparación y no repetición, que han sido impulsados por organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

En el contexto mexicano, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación 180 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), introduciendo la Reforma de Seguridad y Justicia.

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Posteriormente, el 10 de junio de 2011, mediante el cambio 194 a la CPEUM se promulgó la Reforma de Derechos Humanos, estableciendo dentro de la misma jerarquía normativa a la CPEUM y a los tratados internacionales ratificados en materia de derechos humanos. Esto facilitó a las víctimas para recurrir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado no garantiza adecuadamente sus derechos y son agotadas las instancias nacionales.

Adentrándonos a la materia, la Ley General de Víctimas (LGV) surgió gracias a la presión del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” (MPJD) ante la violencia causada por la guerra contra el narcotráfico entre 2006 y 2012. El MPJD inició diálogos con los candidatos presidenciales de 2012 para impulsar la LGV, tras el veto extemporáneo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

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Este veto, que fue visto como revictimizante, llevó a una Controversia Constitucional (Registro Digital 1000475) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinando que el veto no implicaba aceptación automática, dejando en riesgo a las víctimas y sus familias.

El 9 de enero de 2013, bajo el mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN), se promulgó la vigente LGV. Y no fue sino, hasta el 25 de julio de 2016 que se realizó la reforma 228 a la CPEUM, otorgando al Congreso la facultad de legislar sobre los derechos de las víctimas a través de la Fracción XXIX-X del Artículo 73.

Constitucionalmente, los derechos de las víctimas se fundamentan en el Artículo 1º (primer párrafo), Artículo 17 (párrafos cuarto y quinto), y Artículo 20 (apartados A y C).

La Ley General de Víctimas establece derechos y medidas que deben ser aplicadas por la Comisión de Atención Integral a Víctimas (estatal) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal), coordinando esfuerzos con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instaurado en 2014, el cual debe sesionar cuando menos dos veces al año; sin embargo, durante el mandato de EPN solo hubo dos reuniones, y ninguna durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que hace evidente la falta de interés gubernamental en hacer efectiva la protección de las víctimas.

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